Los empresarios se muestran dispuestos a subir el salario mínimo un 3% en 2024, hasta los 1.112 euros al mes | Economía

El anuncio por parte de Yolanda Díaz de convocar con urgencia a los agentes sociales para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) durante su toma de posesión como ministra de Trabajo ha generado los primeros movimientos entre los empresarios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no se ha mostrado contraria a un nuevo aumento del salario base —actualmente fijado en 1.080 euros brutos actuales en 14 pagas—, siempre que esté en sintonía con el del resto de remuneraciones. Esto es, debería elevarse en un 3% en 2024 y otro 3% en 2025, como recoge el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que firmaron con los sindicatos en mayo. En total, los aumentos serían de 65 euros, repartidos en 32 y 33 euros por año, respectivamente.

“Las organizaciones empresariales consideran adecuada esta propuesta para tratar de mantener una correlación entre la evolución del SMI y la del resto de salarios que se pactan en el marco de la negociación colectiva”, señala en un comunicado la principal patronal española, tras la celebración de la reunión ordinaria de este miércoles. Así, consideran apropiado que el salario base —que fija el suelo de todas las tablas salariales de los convenios— se sitúe el próximo año en los 1.112,4 euros al mes, 15.573,6 euros anuales (453,6 más); y en los 1.145,77 euros anuales (16.040,78 anuales) en 2025.

Sin embargo, existe un requisito imprescindible para que los empresarios vean con buenos ojos una medida que tradicionalmente han rechazado —singularmente por entender que para muchas empresas suponía una recarga inasumible—, y que han venido demandado continuamente ante los anuncios de las anteriores subidas: la indexación de los salarios en los contratos públicas. “Esta propuesta tiene como condición sine qua non la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC firmado por las organizaciones empresariales y los sindicatos”, detalla la CEOE.

Costes laborales

La queja de los empresarios se fundamenta en el hecho de que cuando se produce una subida del SMI, este aumento del coste para las empresas no puede repercutirse sobre aquellos contratos que han firmado con las administraciones públicas, por lo que las contratas se devalúa. En muchos casos, estos contratos se firman con márgenes muy ajustados —con salarios contenidos o referenciados en el SMI—, por lo que cuando los costes salariales aumentan el margen de rentabilidad establecido decrece, puesto que no existe la posibilidad de reajustar el precio de la contrata. Un fenómeno que se corregiría con la indexación de los salarios que piden los empresarios, y que en la actualidad la Ley de Contratos del Estado no permite actualizar en acuerdos en vigor.

En el documento también aclaran que esta subida del 3% del próximo año estaría “por encima del incremento salarial del 2% aplicado a los funcionarios para 2024″, en clara alusión al mayor esfuerzo que está realizando el sector privado. Además, también recuerdan que sus propuestas “tienen en cuenta las variables previstas en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, como el IPC, la productividad nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica”; y, por último, demandan que se establezca “un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, con una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos ya vigentes”.

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