En un nuevo capítulo de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo, el Gobierno de Venezuela presentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un escrito con “pruebas adicionales” sobre su reclamo de soberanía sobre la región, una zona rica en petróleo y recursos naturales. Sin embargo, el Ejecutivo venezolano ha reiterado que no reconoce la jurisdicción de la CIJ y que no acatará ninguna sentencia que emita el tribunal internacional sobre este asunto.
En su declaración oficial, el Gobierno de Venezuela reiteró su posición de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 solucionó finalmente el conflicto sobre el laudo arbitral de 1899, el cual había fijado las fronteras entre Venezuela y la antigua Guayana Británica, ahora conocida como Guyana. Según Caracas, este acuerdo es el único marco jurídico que compromete a ambos países a encontrar una resolución al desacuerdo, la cual debe lograrse mediante un acuerdo satisfactorio para ambas partes, fuera del contexto del tribunal internacional.
La postura de Venezuela respecto a la CIJ
Venezuela, que ha sostenido su reclamación sobre el Esequibo durante décadas, cuestionó la legitimidad de la demanda de Guyana ante la CIJ, al considerar que el proceso iniciado en 2018 por la nación vecina es un «proceso judicial fraudulento». Guyana, por su parte, acudió a la Corte Internacional para que se pronuncie sobre los límites territoriales y reconozca el laudo arbitral, argumentando que dicha decisión debería ser vinculante para ambos países, de acuerdo con la normativa internacional.
El Gobierno de Venezuela, por otro lado, explicó que la entrega de documentación adicional a la CIJ no supone un reconocimiento de la autoridad de la Corte ni la aceptación de cualquier fallo que pueda dictar. El caso está aún en proceso, y las tensiones entre las dos naciones siguen creciendo, especialmente considerando que la disputa territorial sigue siendo un asunto complicado dentro de la diplomacia latinoamericana.
El referéndum y la creación del Estado de Guayana Esequiba
En una clara manifestación de su postura territorial, el Gobierno venezolano llevó a cabo a finales de 2023 un referéndum en el que consultó a la población sobre su apoyo a la creación de un nuevo estado venezolano en la región del Esequibo. El referéndum planteaba la posibilidad de otorgar la ciudadanía venezolana a los habitantes del Esequibo y, además, de “incorporar ese estado al mapa del territorio venezolano”. Los resultados del referéndum, según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, fueron un rotundo apoyo popular a la propuesta.
Este plebiscito ha sido descrito por Guyana como un «peligro para su existencia» y un avance hacia la anexión de esa área. Los funcionarios en Georgetown han manifestado su rotunda oposición a estos movimientos, viéndolos como una transgresión a la soberanía de Guyana. Desde la perspectiva de Guyana, el conflicto respecto al Esequibo se resolvió según el Convenio de Ginebra, y las medidas de Venezuela se perciben como una interpretación incorrecta de ese convenio.
La respuesta de Guyana y la postura de la CIJ
Guyana, que administra el territorio en disputa, ha reiterado que el Acuerdo de Ginebra de 1966 no invalida la jurisdicción de la CIJ sobre el caso, y que la Corte tiene la autoridad para resolver la disputa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana destacó que la presentación de Venezuela ante la CIJ permitirá a la Corte contar con todos los argumentos, tanto factuales como legales, de las partes involucradas para tomar una decisión final. El gobierno de Guyana ha insistido en que cualquier fallo de la CIJ será vinculante e incontestable, reafirmando su postura de que el tribunal internacional tiene la última palabra en este tipo de disputas territoriales.
El caso sigue pendiente en la Corte Internacional de Justicia, donde se espera que se emita un fallo sobre la disputa en el futuro cercano. No obstante, las tensiones políticas entre Venezuela y Guyana parecen continuar intensificándose, mientras ambas naciones afirman tener la razón en cuanto a su reclamación sobre el territorio.
La formación del Estado de Guayana Esequiba y sus consecuencias políticas
En 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley para la creación del Estado de Guayana Esequiba, lo que representó un nuevo paso en la estrategia de Venezuela para fortalecer su reclamación sobre la región. Como parte de esta iniciativa, en las elecciones de 2025, se eligió por primera vez un gobernador y legisladores para dicho estado. Esta acción, junto con la reciente consulta popular, refleja el firme compromiso del Gobierno venezolano con la incorporación del Esequibo a su territorio.
Por otro lado, la situación ha generado creciente preocupación en Guyana y en la comunidad internacional, ya que las acciones de Venezuela podrían escalar la tensión en la región. En este contexto, la postura del gobierno de Trump en Estados Unidos podría influir en el desarrollo de la situación, dado su interés en la estabilidad política y económica de América Latina.
El futuro de la disputa territorial
El desacuerdo sobre el Esequibo sigue siendo un asunto clave en las relaciones entre Venezuela y Guyana, y su solución aún parece lejana. Mientras el caso avanza en la Corte Internacional de Justicia, las autoridades de ambos países se alistan para lo que podría convertirse en un enfrentamiento diplomático extendido.
La disputa no solo afecta a las dos naciones involucradas, sino que también tiene implicaciones regionales, especialmente en cuanto a la explotación de recursos naturales en el Esequibo, que es una zona rica en petróleo y minerales. La situación también ha resaltado la importancia de los mecanismos de resolución de conflictos internacionales y la necesidad de un enfoque diplomático y legal para resolver disputas territoriales en un contexto global cada vez más interconectado.
Mientras tanto, tanto Venezuela como Guyana siguen firmes en sus respectivos posicionamientos, y el futuro del Esequibo continúa siendo un tema de creciente relevancia en la política de América Latina.
