David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se ha convertido en una figura incómoda para La Moncloa. Su nombre, hasta hace poco desconocido para la mayoría de los ciudadanos, ha aparecido en el centro de un escándalo que compromete la integridad del sistema de contratación pública y alimenta las críticas por nepotismo dentro del poder político.
El caso ha llegado a los tribunales y David Sánchez se enfrenta a un juicio por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La causa gira en torno a un puesto creado específicamente para él en la Diputación de Badajoz, donde fue contratado como jefe de una oficina cultural sin que existieran necesidades reales ni concurrencia competitiva. El proceso de selección fue, según los investigadores, una simulación con el único objetivo de justificar su incorporación.
Un cargo sin utilidad real
El puesto ocupado por David Sánchez estaba vinculado a la coordinación de actividades en los conservatorios de la provincia, pero no existen pruebas de que ejerciera funciones concretas más allá de justificar su salario. La creación del puesto carecía de justificación administrativa, y fue impulsada por responsables políticos de la misma formación del presidente, lo que agrava las sospechas de favoritismo institucional.
El diseño del cargo —ajustado a su perfil académico—, la falta de concurrencia y la rapidez en la contratación dibujan un esquema de privilegio personal amparado por la estructura pública.
Protección política y estrategias de inmunidad
Después del destape del escándalo, David Sánchez renunció a su cargo. Sin embargo, no mucho tiempo después, el presidente de la Diputación que había aprobado su contrato consiguió un escaño en la Asamblea autonómica, adquiriendo aforamiento. Esta acción se ha visto como un movimiento para transferir el caso a un tribunal superior, complicando de esta manera el trabajo de la justicia común.
El uso del privilegio parlamentario en este contexto ha despertado duras críticas por parte de juristas, medios y opositores, que denuncian un uso táctico de las instituciones para proteger a los implicados.
Un escándalo que afecta a todo el Gobierno
Aunque Pedro Sánchez no está procesado ni aparece formalmente vinculado al caso, el daño político es evidente. La acumulación de escándalos dentro de su entorno familiar y político compromete la imagen de regeneración democrática que el Gobierno ha intentado proyectar.
Los casos de su esposa, Begoña Gómez, y de figuras como Santos Cerdán, sumados al de su hermano, componen un retrato de poder que se ejerce con opacidad, lealtades cruzadas y beneficio personal.
El caso de David Sánchez no es simplemente una infracción administrativa: es un símbolo de cómo el poder puede deformar la lógica del servicio público cuando los intereses personales se imponen sobre los criterios de mérito, legalidad y transparencia. A medida que se acerca el juicio, crece la presión para que el Ejecutivo asuma responsabilidades políticas por las redes de privilegio que lo rodean.
La interrogante ahora no es si David Sánchez tuvo un puesto no reglamentario, sino hasta qué nivel se ha ajustado el sistema institucional para resguardar a sus seguidores. Y si el presidente del Gobierno tiene la capacidad —o la voluntad— de contestar de manera clara al respecto.
